Resulta inédito que un gobernador estatal audite la administración de su antecesor como lo ha hecho Ángel Aguirre Rivero con respecto a Zeferino Torreblanca Galindo. Es la primera vez que sucede en la historia contemporánea de Guerrero. Ayer, más  concreto y claro, el contralor del estado, Julio César Hernández Martínez, dio a conocer a los medios que en la Secretaría de  Educación han detectado inconsistencias financieras por más de seis mil millones de pesos, en la Secretaría de Salud, por mil 700 millones y en el Colegio de Bachilleres, por cien millones de pesos. Las cantidades son verdaderamente escandalosas y merecen ser tratadas con cautela. De entrada, debe concederse el  beneficio de la duda a los involucrados en esas inconsistencias y dejar que, en los cauces legales a seguir, se dé la oportunidad a ellos para que hagan las aclaraciones y comprobaciones correspondientes, haciéndoles valer su garantía de audiencia. Vale en este caso seguir el principio jurídico mexicano de que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Ya el contralor estatal manifestó que proceden a denunciar estas anomalías financieras ante la Auditoría Superior de la  Federación, Secretaría de la Función Pública y Procuraduría General de la República que, por tratarse de recursos federales,  son las instancias las competentes para dilucidar esta clase problemas. Estas acciones del gobernador Aguirre merecen el reconocimiento del pueblo de Guerrero porque ya es tiempo de actuar  conforme a la ley cuando se trata de combatir presuntas corruptelas a cargo de servidores públicos. Será la ley aplicable por  aquellas dependencias quien determine las responsabilidades que procedan y las sanciones que ameriten los culpables o, en su caso, la exoneración correspondiente si ellos comprueban su inocencia. Si fuera lo primero, lo justo sería aplicar con todo rigor las sanciones más severas que correspondan porque no es justificable  que a un pueblo tan pobre, con franjas extensas de miserables, los pillos de siete suelas lo despojen de las oportunidades para mejorar su educación y, con ello, de alentar las expectativas sociales; no es justo que a un pueblo paupérrimo le roben los  recursos federales destinados para invertirlos en la recuperación de la salud deteriorada y hasta para salvar la vida. Ante las inconsistencias multimillonarias mencionadas uno se preguntaría: ¿Y dónde estaba el jefe de todos ellos cuando  ocurrían estas irregularidades? ¿El gobernador Torreblanca estaba enterado de lo que sucedía financieramente en esas  dependencias? ¿Sabe él que también es corresponsable de lo que pasaba en Educación y Salud porque era, nada menos, el  gobernador estatal? ¿Y dónde estaba la Contraloría durante ese tiempo? ¿Engañaron al gobernador sus amigos secretarios? Todas estas preguntas y más habrán de ser aclaradas en el momento en que sean llamados a cuentas los servidores públicos presuntamente responsables de estas pillerías. Desde luego habrán de ser más interesante las declaraciones del ahora ex  gobernador con respecto a estos espinosos asuntos si lo llaman a declarar. Ojalá y al final del camino haya justicia para los  guerrerenses y experiencias para la clase política para que asuntos tan reprobables como éste no sucedan más. email: chavaroman@guerrerohoy.com.mx Distinguido igualteco, docente, doctor en Historia y analista político. DIRECTORIO © Grupo Artenet 2011 | POLÍTICA DE PRIVACIDAD Por: Salvador Román Román Pillerías zeferinistas ENTREGA INMEDIATA